La posibilidad de decidir si tener o no tener hijos, cuándo y bajo qué condiciones es un derecho humano en el que se enmarca la justicia reproductiva.
En la práctica, se trata más de un privilegio.
El tema fue la punta de lanza para la conversación virtual Justicia reproductiva: pasado, presente y futuro, que presentó el jueves, 24 de marzo, la Fundación de Mujeres en Puerto Rico y Friends of Puerto Rico Initiative.
Fueron las panelistas Ana María García, directora de la película La Operación (1982); Maritza Arrastía, cofundadora del Comité Contra el Abuso de la Esterilización (CESA); Fabiola Carrión, Directora de Salud Sexual y Reproductiva del National Health Law Program, y Alondra del Mar, de Aborto Libre Puerto Rico.
Digna Sánchez quien es parte de nuestra Junta y copresidenta de Friends of Puerto Rico Initiative, fue la moderadora.
De los testimonios y el análisis de las cuatro feministas se desprende que la denuncia, la organización y la lucha colectiva han sido las formas de resistencia de las mujeres en Puerto Rico y en Estados Unidos ante las políticas públicas y esfuerzos gubernamentales para el control de sus cuerpos.
Pasado
EL ATROPELLO Y LA EXPERIMENTACIÓN
La cineasta Ana María García contó cómo utilizó su trabajo como una forma de denuncia de la violación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pobres y de la clase obrera del país. Primero, a través de la esterilización masiva y, luego, con la experimentación de la píldora anticonceptiva.
Para la década de 1970, casi el 36% de las mujeres en el archipiélago caribeño –con una edad promedio de 26 años– habían sido esterilizadas sin que tuvieran plena conciencia de lo que significaba. Se trató, dijo García y así lo muestra en La Operación, de un plan de reducción poblacional orquestado desde el escritorio del gobernador militar Blanton Winship con base en la eugenesia –filosofía racista y clasista que sostiene que las personas pobres y enfermas no deben procrear–. Puerto Rico se convirtió así en el país con la mayor tasa de esterilización de mujeres en el mundo.
La esterilización forzada también fue una medida que se implementó en el hospital público Lincoln Hospital en el sur del Bronx, en Nueva York, para controlar poblaciones afroestadounidenses, puertorriqueñas y pueblos originarios.
Ante ese atropello surgió el Comité Contra el Abuso de la Esterilización (CESA).
“A veces, uno no se acuerda lo que era el tipo de terrorismo reproductivo en que vivía la mujer en esa época de los 70, y antes de eso”, compartió Maritza Arrastía. “Estar encinta era, a veces, enfrentarse al peligro de muerte”.
Con estos condicionantes, feministas que tenían conciencia de raza y de clase, y sectores comunitarios, llevaron esfuerzos y campañas educativas para aprobar normas para la realización de la llamada “operación”. Estas normas buscaban que hubiera un consentimiento verdaderamente informado.
La experiencia de trabajo organizado y educación política de CESA es un referente para la lucha que se libra actualmente por el derecho al aborto.
“Cuando se reduce el acceso al aborto, aumenta la presión de la esterilización”, señaló Arrastía.
Presente
CRISIS DE SALUD PÚBLICA Y LA AMENAZA POR LA DEROGACIÓN DEL DERECHO A LA TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE UN EMBARAZO
Es una presión que se hace aún más patente con la gran influencia de la derecha conservadora que se ha insertado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se espera que, para verano, la máxima corte, emita una decisión en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que podría derogar o, al menos limitar más, el derecho a la terminación voluntaria de un embarazo.
“Las que vivimos la época en la que no había el derecho al aborto, recordamos cómo se impactaron tantas mujeres hasta la muerte tratando de terminar un embarazo no deseado”, compartió la moderadora Digna Sánchez.
Como colonia de Estados Unidos, las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico se verán impactadas por esta decisión. Aunque, Puerto Rico tiene su propia jurisprudencia en el tema y una derogación de la decisión de 1973 Roe v. Wade, no significaría la anulación automática de este derecho en el archipiélago caribeño.
Para explicar cómo se ven en Estados Unidos las consecuencias del activismo antiderechos, Fabiola Carrión ubicó su discusión en el marco de la justicia reproductiva, creado en 1994 por mujeres de raza negra lideresas de la justicia social.
“La justicia reproductiva significa que todas las personas tienen el poder social, político y económico, y los recursos para tomar decisiones saludables por sí mismas y sus comunidades acerca de sus géneros, sus cuerpos, su sexualidad y su familia”, resumió.
Roe v. Wade, que proclama el derecho al aborto a través del derecho constitucional a la privacidad, fue un adelanto emblemático en la causa por la justicia reproductiva. Pero, el caso posterior Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, en 1992, estableció un nuevo estándar sobre lo que es “un cargo excesivo” (“undue burden”) en las limitaciones que los estados podían establecer al regular el aborto, y abrió así la puerta a nuevas limitaciones.
“Esto es importante porque la corte y los estados se basan en este caso para, poco a poco, emitir regulaciones a nivel estatal y, poco a poco, cortar el derecho al aborto”, estableció Carrión.
Desde 2010, mencionó Carrión, los estados han impuesto más de 600 restricciones legales para impedir el aborto.
“Estas restricciones son parte de una crisis de salud pública. Hay una conexión bastante fuerte entre la restricción al aborto y la causa de morbilidad y mortalidad materna. No es coincidencia que los estados que restringen más el derecho al aborto son también los estados con la más alta tasa de morbilidad y mortalidad. Y, por supuesto, ¿a quién afectan estas regulaciones? A mujeres pobres, a mujeres negras, a mujeres indígenas y a mujeres latinas”, sostuvo Carrión.
Se trata de limitaciones que, por ejemplo, permiten abortar solo en etapas gestacionales muy tempranas, cuando la mayoría de las personas no saben aún que están embarazadas, requieren la realización de ultrasonidos innecesarios o imponen requerimientos absurdos a las clínicas que ofrecen el servicio.
La ley de Texas –conocida como Heartbeat Act–, en efecto desde el pasado1 de septiembre, que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación y permite a que personas demanden a otras por ayudar a tener un aborto luego de este período es el ejemplo más reciente.
Con Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revisa si se sostiene una ley del estado de Mississippi para prohibir el aborto después de las 11 semanas de gestación.
“Lamentablemente, dado a las preguntas que se hicieron el primero de diciembre, el día que se dio la audiencia en la Corte Suprema, nosotros creemos que el tribunal va a fallar a favor del estado de Mississippi”, auguró Carrión. “La fuerza ultraconservadora quiere absolutamente todo. Quieren anular Roe v. Wade completamente”.
Si el fallo de Roe v. Wade queda anulado, automáticamente, 26 estados no tendrían acceso al aborto, ilustró Carrión.
Ante la amenaza que se perfile como una posibilidad muy real, Carrión quiso destacar algunas esperanzas. Entre estas, el proyecto para la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres (Women’s Health Protection Act) para proteger la capacidad de una persona para determinar si continuar o interrumpir un embarazo, y para proteger la capacidad de un proveedor de atención médica para brindar servicios de aborto.
Los medicamentos también son una alternativa para el aborto seguro. Sin embargo, han sido altamente restringidos.
Futuro
ACCIÓN Y LA ESPERANZA DE MUJERES EN LUCHA
Carrión presentó recursos para educarse sobre el estado del derecho, y propuso la activación, hablar sobre el tema fuera de la estigmatización y crear fondos para personas que necesitan abortos, como formas de hacerle frente a las amenazas.
Alondra del Mar, de Aborto Libre Puerto Rico, enfatizó en la importancia de clase y raza para comprender el alcance de las políticas antiderechos sobre los cuerpo feminizados, los cuerpos negros y los cuerpos gestantes.
La consigna de Aborto Libre Puerto Rico ha sido que el aborto legal no es suficiente, pues en la mayoría de los casos, no es accesible. Estas interseccionalidades tienen todo que ver. La isla cuenta solo con cinco clínicas de aborto y cuatro de estas ubican en el área metropolitana. La movilidad y la falta de recursos económicos para costear el procedimiento son obstáculos.
“Es un tema, absolutamente, de privilegio”.
Alondra del Mar no cree que la decisión en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization va a significar la derogación de Roe v. Wade, si advierte las múltiples amenazas que las fuerzas ultraconservadoras gestionan en contra del derecho.
En Puerto Rico, hay sobre una decena de proyectos de ley que buscan limitar aún más la posibilidad de terminar voluntariamente con un embarazo.
“La discusión no debe girar alrededor de lo que consideramos vida, sino de cómo colocar el aborto en una situación de ilegalidad lo coloca inmediatamente en el plan de clase, con todas las consecuencias que eso tiene en un país tan violento contra las mujeres y los cuerpos feminizados”.
El mensaje con el que concluyó la moderadora fue sobre la importancia de la organización, una idea que Alondra del Mar resumió al decir que, “a pesar de que el panorama se vea sombrío, cuando nos agarramos las manos, podemos empezar a construir y a imaginar un futuro mejor”.
Justicia Reproductiva [vídeo]
Algunas publicaciones para informarte derechos sexuales y reproductivos:
Rewire.News
Instituto Guttmacher
Kaiser Family Foundation
Ibis Reproductive Health
Algunas organizaciones enfocadas en justicia sexual y reproductiva:
Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva
SisterSong
Colorado Organization for Latina Opportunity and Reproductive Rights
California Latinas for Reproductive Justice
Forward Together
