Las organizaciones de base comunitaria que trabajan por la equidad, son motores clave en la defensa de los derechos humanos y el bienestar colectivo, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Invertir en su fortalecimiento económico no es solo una cuestión de sostenibilidad, sino una estrategia para construir un frente resistente ante cualquier intento de limitar los derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+. Este empoderamiento asegura respuestas más autónomas, efectivas y organizadas, consolidando su papel en la lucha por la equidad, la justicia y la dignidad.
Desde las comunidades se ha liderado la recuperación justa de Puerto Rico frente a desastres socio-climáticos, actuando desde la primera línea con solidaridad y esfuerzo colectivo. Han formado brigadas, reconstruido comunidades y defendido nuestros recursos naturales, asegurando el bienestar de las tierras y un legado para las futuras generaciones. Su lucha constante demuestra no solo su capacidad de resistencia, sino también el poder del liderazgo comunitario como motor de liberación y cuidado colectivo.
La lucha por garantizar derechos humanos básicos es el legado de generaciones que enfrentaron obstáculos con determinación y poder. Desde el activismo comunitario se han impulsado leyes que protegen la seguridad y libertad de las mujeres, asegurando su autonomía reproductiva, económica y social. Hoy, permanecemos firmes en la defensa de nuestros cuerpos, conscientes de que cualquier retroceso amenaza directamente nuestras libertades. En este contexto político, cada vez más hostil y restrictivo, nuestra resistencia no solo es necesaria, sino indispensable para proteger todo lo que hemos logrado.
El trabajo de base es vital para proteger y fortalecer a nuestras comunidades, pero enfrenta serias limitaciones en el acceso a fondos filantrópicos, federales y estatales. Una reducción adicional en estos recursos no solo pondría en riesgo su sostenibilidad, sino que también agravaría las desigualdades ya existentes. Estas organizaciones son esenciales para brindar servicios críticos y responder a emergencias; su debilitamiento comprometería su capacidad de acción y, a largo plazo afectaría especialmente a los sectores más vulnerables en Puerto Rico.
Los fondos de mujeres, como la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, apuestan a esas organizaciones que garantizan la transformación social. Es un modelo de filantropía feminista que busca proteger los derechos humanos fundamentales, en especial ante los retos políticos existentes. Para nosotras es fundamental que las inversiones a proyectos comunitarios se realicen con una perspectiva crítica y transformadora, evitando apoyar agendas que perpetúen la discriminación y la inequidad. La filantropía feminista se mantiene vigilante y activa, financiando proyectos que promuevan la justicia económica, racial y reproductiva, y fortaleciendo redes de apoyo que desafíen el retroceso en derechos.
Es necesario garantizar una inversión sostenida y estratégica en las organizaciones que promueven el bienestar y protegen los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQIA+. Estas organizaciones no solo ofrecen servicios esenciales y apoyo en contextos de vulnerabilidad, sino que también son bastiones en la lucha por la igualdad y la justicia social. La inversión debe centrarse en fortalecer su capacidad de respuesta y resiliencia, permitiendo que continúen defendiendo derechos frente a políticas regresivas y fomentando espacios seguros e inclusivos. Solo mediante el financiamiento constante y equitativo se podrá asegurar su sostenibilidad y efectividad a largo plazo.
