Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Dia.
La justicia reproductiva trata sobre derechos humanos, salud y desarrollo económico. Las mujeres, en todas sus diversidades, deben tener el derecho a decidir cuándo y en qué circunstancias quieren parir. La determinación de una persona sobre su propia vida es un aspecto importante.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que revocó la sentencia de Roe v. Wade sobre la protección constitucional al derecho al aborto, es una bofetada de parte de un organismo que se crea para proteger y expandir los derechos humanos, no eliminarlos o disminuirlos. Es una amenaza para el acceso a contraceptivos y para la fertilización in vitro. También, es peligrosa para las personas gestantes que requieren un aborto por decisión o por condiciones médicas, pues hay profesionales que se cohibirán de realizarlos por miedo a la criminalización.
Ante esta afrenta, el apoyo y financiamiento de la comunidad filantrópica hacia organizaciones de base comunitaria que luchan y protegen los derechos reproductivos es fundamental. La creación de redes de apoyo e información desencadenan otras iniciativas que involucran a las comunidades con mayor vulnerabilidad.
No podemos permanecer observando al margen del ataque antiderechos en Puerto Rico y el mundo. Debemos posicionarnos al lado de la justicia social y de los derechos humanos. Como comunidad filantrópica, tenemos el poder de cambiar la historia y contribuir a que Puerto Rico sea un ejemplo de equidad y justicia reproductiva.
Para que una sociedad tenga justicia reproductiva, se deben garantizar servicios de salud adecuados basados en la ciencia y en los criterios de profesionales de la medicina.
También, hay razones económicas que son críticas. En una sociedad en que los servicios de salud son costosos, forzar la maternidad atrapa a las familias más vulnerabilizadas en un ciclo de continua pobreza que pasa a otras generaciones.
Por tanto, los derechos reproductivos son parte esencial en la composición de una sociedad democrática y abierta a todas las personas por igual. De una sociedad en donde las mujeres y las personas gestantes juegan un papel activo en las decisiones que les incumben para alcanzar la equidad de género, la justicia social, el desarrollo económico y, en general, una sociedad de amor, paz y justicia.
Sin embargo, cuando los estados y los territorios toman el control sobre los procesos reproductivos, se pierde la justicia reproductiva.
En Puerto Rico, se han presentado numerosos proyectos de ley con la intención de controlar, reprimir e impedir el derecho al aborto. El Proyecto del Senado 693 es el intento más reciente, y busca prohibir las terminaciones de embarazo luego de la semana 22 de gestación. Otro proyecto busca restringir el aborto ante la identificación de actividad cardíaca del feto, que suele percibirse desde la sexta semana de gestación, y otro pretendía penalizar a las mujeres con 99 años de cárcel por interrumpir su embarazo, aunque a un agresor sexual se le dan solo 30 años. Este último se retiró el mismo día que se presentó.
El aborto en Puerto Rico es legal aun con la decisión de la Corte Suprema en EE. UU. Nos corresponde proteger ese derecho, y, además, hacerlo accesible y seguro para las mujeres y las personas gestantes.
Recordemos que los derechos reproductivos están implicados en los temas de derechos civiles, salubristas y económicos de las comunidades. Ahora más que nunca, es necesaria la unión de donantes y de la comunidad filantrópica para escuchar al movimiento de justicia reproductiva, establecer colaboraciones estratégicas e invertir en sus acciones e impacto a largo plazo.
El acceso a los derechos sexuales y reproductivos abre las puertas a otras esferas de la vida social, como la educación y el empleo laboral. Impedir el acceso a estos servicios replica en la discriminación y los estereotipos de género contra las mujeres, personas gestantes, niñas y personas feminizadas. Apoyar la lucha reproductiva es crucial para contrarrestar los esfuerzos regresivos que ponen en peligro la igualdad de género y, consecuentemente, impactan a las comunidades que queremos apoyar.