San Juan, Puerto Rico, 30 de septiembre de 2022 – La Fundación de Mujeres en Puerto Rico (FMnPR), hizo un llamado hoy, viernes, para que se atienda con urgencia el posible cierre de dos albergues que ofrecen servicios, fuera del área metro, a víctimas y sobrevivientes de violencia de género tras la revocación de más de $400,000 fondos del Programa de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA) que administra el Departamento de Justicia.
Calificó esta acción como una falta de respuesta y compromiso gubernamental con la erradicación de la violencia machista, particularmente inaceptable ante un estado de emergencia declarado por el gobernador, que busca atender la crisis de violencia de género en Puerto Rico.
“Esta situación, nos coloca en una situación muy precaria para responder y proteger la vida de las mujeres, con sus hijos e hijas, que necesitan escapar y buscar seguridad, y protección. Es inconcebible que, durante un estado de emergencia por violencia de género y de la crisis que estamos viviendo a partir del paso del huracán Fiona, los albergues estén pasando por una situación tan terrible; es algo que pudo ser prevenido y evitado”, denunció Sara Benítez Delgado, copresidenta del organismo, que es el único fondo en Puerto Rico que apoya directamente a mujeres y la comunidad LGBTQ+.
El potencial cierre de los albergues Capromuni I y Capromuni II dejaría desatendidas a miles de mujeres, junto a sus hijas e hijos, en la zona oeste y nortecentral.
Esto toma especial importancia al considerar que, hasta el momento, se registran 52 feminicidios por el Observatorio de Equidad de Género, y que el 84% de las denuncias por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica es una mujer la perjudicada, según datos de los primeros cuatro meses del 2022.
Vulnerabilizar las condiciones ya precarias de las víctimas de violencia de género imposibilita las tan necesarias vías de escape y ayuda inmediata. Con el cierre de ambos albergues, se perderían hasta 60 camas para recibir a mujeres violentadas; una situación que agudizará la crisis actual, expresó Coraly León Morales, directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos, en un sondeo de necesidades de la FMnPR a su ecosistema de organizaciones que han sido subvencionadas.
Los albergues son un servicio esencial, sobre todo en momentos de emergencia causados por el paso de los huracanes. Este recorte de fondos no sólo reduciría las opciones de seguridad para las víctimas junto a sus hijas e hijos, también habría un desplazamiento de profesionales especializadas en violencia de género.
En momentos como estos, es esencial la alianza del gobierno junto a entidades no gubernamentales comunitarias y feministas.
«El Estado debe asegurar que sus planes de emergencia incluya las acciones necesarias para prevenir y trabajar en contra de todas las formas de violencia de género y proteger la vida e integridad de las sobrevivientes. Desde el paso del Huracán Maria, las organizaciones de mujeres elaboraron guías y protocolos para atender adecuadamente las necesidades de las sobrevivientes y víctimas de violencia de género durante una emergencia como la que estamos viviendo. Reiteramos nuestro llamado a que el gobierno mantenga una efectiva colaboración con las organizaciones de mujeres que son las que conocen las necesidades de sus comunidades” concluyó, por su parte, Veronica Colón Rosario, directora ejecutiva de la FMnPR.
